domingo - 18 abril - 2021
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‘Siempre supimos que el Ejército estaba involucrado’



Chilpancingo— Don Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso cuyos restos óseos fueron localizados en Cocula -según la FGR- en un punto distinto al basurero, asegura que ellos siempre supieron que el Ejército Mexicano participó en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Indica que la declaración de ese testigo protegido llamado “Juan” forma parte del expediente, cuyas versiones a ellos les dieron a conocer hace cuatro años la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR. Lo que no entiende, explica, es por qué la FGR no agiliza las investigaciones y realiza detenciones.

Formalmente, “Juan” comenzó a ser testigo protegido de la FGR a partir del 2020.

El padre de Christian supone que el testigo protegido es un integrante del cártel Guerreros Unidos, quien está preso y está ampliando sus declaraciones a cambio de algún beneficio económico o una eventual excarcelación.

Según don Clemente, “Juan” también habría participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque uno de sus cómplices, que también está preso, lo acusa de manera directa.

Cuenta que de acuerdo con las versiones que los padres conocieron, “Juan” habría involucrado al ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos y al ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero; sin embargo, en el expediente dado a conocer esta semana por Reforma no aparecen declaraciones del testigo en contra de esos funcionarios.

En el caso de este último lo señala de que la noche del 26 de septiembre del 2014 estaba enterado, a través de la Policía Estatal, de lo que estaba ocurriendo con los normalistas y nunca hizo nada para frenar su desaparición.

“En el mismo expediente aparece el nombre del entonces Procurador Iñaki Blanco”, dice don Clemente, lo que coincide con la nueva versión difundida.

El papá de Christian Alfonso adelanta que en la próxima reunión que tengan con el presidente Andrés Manuel López Obrador exigirán que se investigue en serio al Ejército y que haya detenciones de los altos mandos castrenses, así como de ex autoridades civiles, entre ellos el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco.

“Nosotros sabíamos de la participación del Ejército; a los muchachos los tuvieron en el cuartel militar de Iguala, eso dice el expediente”, indica don Clemente.

Dice que el próximo 26 de este mes, cuando se cumplen cinco años con cinco meses de los hechos de Iguala, los padres tendrán una reunión para analizar las acciones que van a realizar ante esto que se ha dado a conocer públicamente sobre el caso.

Por su parte, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, dijo que la Fiscalía General de la República no les ha informado sobre ese testigo protegido, quien acusa al Ejército y un grupo de sicarios de haber asesinado a los jóvenes.

Reforma publicó que el testigo protegido “Juan” declaró ante la FGR que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y asesinados por militares del 27 Batallón de Iguala y sicarios de Guerreros Unidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

El mismo testigo protegido declaró ante la FGR que importantes jefes policiacos y mandos del Ejército recibían sobornos millonarios por parte del cártel de Guerreros Unidos.

En opinión del abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, de ser cierta esa versión del testigo protegido, la investigación del caso tomaría otro rumbo, ya que por primera vez se estaría involucrando al Ejército Mexicano de manera directa.

Aunque recordó que el movimiento de los padres y de las organizaciones sociales siempre han dicho que el Ejército tuvo una participación y su demanda es que se les investigue.

En las primeras protestas que se realizaron en Iguala, en el 2014 y a principios del 2015, los padres y estudiantes acudieron a las instalaciones del 27 Batallón en donde -incluso en una ocasión- fueron desalojados por la Policía Militar.

“Lo que vamos a exigir es que la Fiscalía profundice está línea de investigación”, refirió.

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