viernes - 23 abril - 2021
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AMLO embiste al Poder Judicial: diputado – Noticias Locales, Policiacas, sobre México y el Mundo | El Sol de San Luis


Amenazar al juez Juan Pablo Gómez Fierro como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por emitir un amparo contra su reforma eléctrica, es un grave señal para la democracia y una incongruencia con el discurso de proteger la democracia, cuando él mismo es quien la traiciona.

Así lo señaló el diputado Edgardo Hernández Contreras al afirmar que “nos encontramos ante un mandatario intolerante, represor, que incita a la disolución social, a través del populismo, que no comulga con la verdadera democracia, denostando un poder autónomo, y exhibe su frustración al no materializar sus intereses”.

“Manifiesto mi total apoyo al funcionario judicial Federal Juan Pablo Gómez Fierro, en pro de la democracia, no como un tema de elegir gobernantes, sino como sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, en total respeto de la división de poderes”.

Hernández Contreras añadió que “el atropellamiento lo vemos también aquí en San Luis Potosí, con un poder ejecutivo que se entromete en los poderes Judicial y Legislativo, para lograr sus pretensiones a costa de mancillar la Soberanía”.

“Hagamos un poco de memoria, en el famoso juicio constitucional del Juez John Marshall en la controversia, Marbury vs Madison, en EUA, de 1803, donde la Corte sentó las bases, adoptadas en Latinoamérica, para un control judicial a través de la Constitución, a los actos del mismo poder, pues con esto se garantiza a la población, que también son justiciables, y que un poder judicial los defenderá de los abusos de otro poder, una perfecta armonía para garantizar el Estado de Derecho”.

Estableció que “en el caso particular del juzgador, Juan Pablo Gómez Fierro, quien además es un potosino valiente, en pleno ejercicio de sus facultades otorgadas en el ejercicio de su jurisdicción, empleo ese control otorgado a través de la justicia, fijó límites a las actuaciones gubernamentales obradoristas, el cual es totalmente legítimo, y es en la legalidad donde se debe determinar si la reforma de la ley eléctrica perjudica o beneficia a la población”.

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