sábado - 10 abril - 2021
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Diputados aprueban servicios de salud mental para reos



Ciudad de México .- La Cámara de Diputados aprobó por consenso garantizar la atención psicológica a las personas privadas de su libertad.

La iniciativa de reforma aprobada durante la sesión ordinaria de este martes, precisa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica.

Por ello, los centros penitenciarios deberán contar con instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos de salud integral y se considera que, dentro de la atención médica se deberán brindar los servicios de psicológica o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado de los centros de reclusión o por personal externo a los centros penitenciarios que dependen del Sistema Nacional de Salud.

La diputada por el PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, destacó que la reforma es una oportunidad para las personas privadas de su libertad, quienes por el encierro padecen trastornos mentales como ansiedad y depresión.

Rodríguez Mier y Terán precisó que la intención es reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que los Centros Penitenciarios deben contar con las instalaciones adecuadas para prestar todos los servicios a los que tienen derecho las personas privadas de su libertad en condiciones de dignidad.

Con esta reforma, se pretende garantizar de manera amplia todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los principios que rigen al Sistema de Justicia Penal, y al fin último: el de la reinserción social, que tiene que ser efectiva”, sostuvo.

La diputada morenista, Raquel Bonilla Herrera, quien promovió el dictamen, señaló que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir.

Destacó que la iniciativa tiene como objetivo central reducir la violencia y delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social a través de la reinserción social integral y progresiva. El documento fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

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